lunes, 18 de junio de 2012

El peligro de la represión disfrazada de civismo normativo

Entre tantas normas legales aparecidas en los últimos tiempos, dedicadas a recortar el Estado del Bienestar que nos indignan y concentran nuestras energías reivindicativas, no nos estamos percatando de la publicación de otras normativas –sobre todo a nivel municipal- que bajo el argumento de fomentar la relación ciudadana, preservando los espacios públicos como marco de dicha convivencia, no son sino otra forma de recortes de libertades, bastante peligrosos en algunos casos, y justificados por un ya manido, y falso “la actuación de unos pocos no puede empañar la convivencia de todos”.

Me da pena que tenga que ser mediante La Ley como se tenga que suplir la falta de educación, sobre todo en algunos ejemplos tan evidentes como la satisfacción de las necesidades fisiológicas, el comportamiento de los animales de compañía, la conservación del mobiliario urbano, el depósito de desperdicios en la vía urbana o simplemente el respeto a las terceras personas. Pero es la excusa perfecta.
También me molesta la disparidad de criterios –gracias a ese magnífico principio de la autonomía local o regional- por el que, por ejemplo, hacer ‘topless’ en la playa de Villatripas de Abajo esté permitido, pero no ir con camiseta en el Paseo Marítimo, justo al contrario que en Villatripas de Arriba. Incoherencia total que lleva a la confusión.

Pero a lo que íbamos. Entre el contenido de estas normativas no es difícil encontrar artículos referidos a los actos públicos, al reparto de folletos y otros elementos informativos o a la fijación de carteles, que lejos de tener la función ‘cívica’ referida posibilitan un componente amedrentador y, sobre todo, represor si llega el caso: me imagino que en determinadas circunstancias –por ejemplo en los tiempos de protestas callejeras que corren- la vigilancia sobre concentraciones públicas será más estrecha que sobre la ropa mal tendida de los vecinos.
Todas estas infracciones tipificadas tienen la correspondiente multa económica, algo muy necesario en estos tiempos de austeridad obligada y arcas vacías. Además, los padres y tutores se considerarán responsables solidarios –en lo económico, por supuesto- de las infracciones cometidas por los menores. Y digo yo, si se trata de fomentar el civismo, ¿por qué no un castigo ejemplarizante, y social, en vez de la consabida y manida sanción pecuniaria, que además tendrán que abonar los progenitores?

Por cierto, para facilitar el cumplimiento y la represión, se posibilita y favorece la delación. En fin, de Guatemala a Guatepeor. De España, a Españistán.
Imagen “prestada” del blog www.masaborreguera.com

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