lunes, 8 de octubre de 2012

No hay que reducir ni el número de diputados ni sus sueldos: comencemos con sus privilegios


Hasta un 77%, tres de cada cuatro ciudadanos, comparte los argumentos de los manifestantes del 25-S en las proximidades del Congreso, según publicaba este fin de semana una encuesta de ‘Metroscopia’ para ‘El País’, algo que ratifica –aunque no hacía ninguna falta- ese deterioro de la clase política al que se hacía mención en el auto del juez Pedraz y que tan mal sentó a los ‘aludidos’. 

Pura hipocresía. Lo saben y bien, aunque no lo quieran reconocer. Pero lo que es peor, aprovechan ese malestar para lanzar algunas propuestas populistas e interesadas sobre recortes en las instituciones, en esa clase política, para hacernos creer que la cultura del sacrificio –consecuencia de ese ‘hemos vivido por encima de nuestras posibilidades’ que aburre- comienza por ellos mismos. 

Por ejemplo, durante este verano nos hemos hartado de escuchar esa reducción de ‘escaños’ en los parlamentos autonómicos -que en la mayoría de los casos resulta bastante complicado ya que obligaría incluso a cambiar el Estatuto de Autonomía- y que conllevaría importantes ahorros. Independientemente de que en Comunidades como Madrid el centenar de diputados es casi insultante, una reducción en el número perjudicaría a las minorías… salvo que se aplicase otro sistema electoral más proporcional que el injusto D’Hondt.  Claro, esta propuesta alternativa jamás saldrá de los labios del PPSOE. 

Peor aún es el ‘ejemplo de austeridad’ de doña Dolores en Castilla-La Mancha, que va a quitar el sueldo de un plumazo a sus señorías, dejando su actividad como un ocio para el tiempo libre de aquellos privilegiados que ya tienen otros ingresos –salariales o más bien de renta- de que vivir. Eso sí, a los asesores, elegidos a dedo de entre los afines, que no les falte de nada. 

Pues bien, volviendo a ese 77% de españoles a los que se aludía en el primer párrafo –y entre los que me incluyo-, lo que queremos es la eliminación de instituciones inútiles –comenzando por el Senado y las Diputaciones- y no la denigración de las verdaderamente necesarias, aunque estas deban modificarse para ser verdaderamente democráticas y representativas. Y por supuesto, la eliminación de todas esas prebendas innecesarias que han contribuido a esa deslegitimación y a lo que hace no mucho me refería. 

Y por supuesto, aplicar a nuestros políticos el mismo baremo de productividad que ellos aplican a los funcionarios y trabajadores. ¿Qué es eso de ir al puesto de trabajo –en el caso de los diputados y senadores- sólo de septiembre a diciembre, y de febrero a junio o que el absentismo no esté castigado con el despido?

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