domingo, 27 de enero de 2013

La Justicia, ¿es un cachondeo?


Va a hacer casi treinta años que Pedro Pacheco, el polémico alcalde de Jerez, pronunciara su famosa frase ‘La justicia es un cachondeo’. Lo que fue un comentario por un asunto particular y puntual, que estuvo a punto de costarle un buen disgusto, se ha convertido en una frase hecha dicha con mucha más asiduidad de lo que se debiera. Y que desgraciadamente tiene pocos visos de solución

Ahora bien, ¿nos hemos planteado alguna vez las verdaderas razones por las que podemos recurrir a esta frase? Sin ánimo de ser de ser exhaustivo, se me ocurren diez motivos que expongo someramente:

Exceso de leyes y confusión legal. A finales del año pasado la CEOE decía que en España había en vigor 100.000 leyes. ¿Muchas? Muchísimas, sobre todo teniendo en cuenta la duplicación que suponen las competencias autonómicas, a veces incluso con criterios diferentes. Y ya no entramos en ordenanzas municipales que enmarañan lo inimaginable, por un concepto de diferenciación francamente inasumible. Además son regulaciones complicadas, parcialmente derogadas o actualizadas por otras leyes y reglamentos, con esa costumbre tan ilógica de ‘meter’ disposiciones adicionales en otras normas que no tienen que ver nada con lo tratado.

Escasas o nulas políticas de prevención. La educación es la mejor forma de evitar conductas que, en un futuro, puedan ocasionar problemas legales. Pero esta educación no solamente por formación –como puede ser el caso de la seguridad vial-, sino por el recurso a especialistas que nos pueden solucionar muchos quebraderos de cabezas. Claro, que el ahorro al precio que sea es incompatible con el asesoramiento. Y desgraciadamente los poderes públicos son cada vez más reticentes a establecer ese tipo de ayuda gratuita.

Insuficientes medios de vigilancia. Pero con la educación no basta, desgraciadamente. Y siempre surgirán infractores, cuya suerte dependerá de la existencia de una red policial o represora, en cualquier ámbito, sobre todo en aquellos en los que es necesaria una mayor vigilancia. Por ejemplo, la falta de inspectores en el ámbito empresarial es vergonzante en este país. De ahí, ese sentimiento profundamente arraigado de que al que pillan es por simple mala suerte. Por tonto.

Falta de confianza en el arbitraje. Una vez que han surgido conflictos –de muchos tipos, no sólo de consumo, aunque estos sean los más frecuentes- la saturación de nuestro sistema judicial sería fácilmente reducible mediante órganos arbitrales efectivos. Lo que pasa es que los consumidores los desconocen, las autoridades no los fomentan y las empresas, los evitan con todo tipo de malas artes.

Complicado acceso a la Justicia. Por lo tanto, es fácil tener que acceder a los Tribunales como única vía para la resolución de problemas. Pero este es un acceso bastante complicado, desde el punto de vista de la simple organización. Muchos trámites y muy farragosos, que conllevan un sobrecoste económico y de tiempo que nos hace desistir. Claro, que el ‘tasazo’ de Ruiz Gallardón no es sino la guinda para evitar que los ciudadanos puedan acceder a esa Justicia, por el sencillo camino de la imposibilidad de recursos.

Saturación, lentitud, desesperación. Pero si nuestro caso acaba en el Juzgado, casi va a ser peor. La falta absoluta de medios humanos y materiales conlleva una saturación y una demora incompatible con los principios punitivos y restauradores de la Justicia. Es incomprensible que en pleno siglo XXI no exista una digitalización total de los Juzgados, o una  interconexión entre ellos. Los legajos de papel acumulados en pasillos y lóbregos sótanos son un triste ejemplo de esta realidad.

Procedimiento demasiado garantista. Pero hay un factor que enmaraña más esta proverbial lentitud del sistema judicial español: los procedimientos. Nos encontramos con una Justicia tremendamente garantista, en la que se protege –a mi modo de ver en exceso- al acusado. Con plazos demasiado amplios e infinitas posibilidades de pedir aplazamientos y retrasos… que juegan extraordinariamente a su favor, pudiéndose llegar a esa nada habitual farsa de la prescripción. O si no se llega, que se juzguen los hechos una y varias veces –por las apelaciones- cuando su solución judicial ya no sirva para nada.

Castigos poco efectivos. Debido a los dos puntos anteriores nos encontramos con que numerosos delincuentes se encuentran a la espera de juicio durante mucho tiempo, por lo que pueden seguir cometiendo fechorías más o menos impunemente. O aquellos que saben que van a ser multados con una cifra que supone un ínfimo porcentaje de sus ingresos ¿Cuándo se va a luchar verdaderamente contra la multirreincidencia? ¿O se va a castigar a cada cual según sus recursos económicos? El debate en este punto sería interminable, pero seguro que conduciría a soluciones bastante más justas que las actuales.

Justicia politizada. La Justicia española cada vez depende más en su alta dirección de los partidos. Y esto no puede traer nada bueno. Analicemos todos los males del sistema político español y podrán extrapolarse a los organismos judiciales. No hace falta decir más.

El indulto es un insulto. El último paso en el castigo o el perdón no compete a los jueces sino a los políticos, ya que el Gobierno tiene el derecho a indultar, sin tener que hacerlo de forma razonada. Una prerrogativa incomprensible en estos tiempos y que debería circunscribirse a temas y ámbitos muy concretos. Sin embargo, cada vez es más frecuente y universal.

Al maestro Forges, con toda mi admiración y respeto

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