viernes, 20 de febrero de 2015

La democracia ha llegado: ya todos podemos ser terroristas

Por mucho que se quiera defender la idea de que las penas de cárcel son en esencia rehabilitadoras, la mayoría de los españoles piensan que estar un tiempo entre rejas no es sino una forma de apartar a los elementos peligrosos de la sociedad. Y aunque nunca haya existido un verdadero debate social, son bastante más de los que creemos los que piensan que una cadena perpetua podría ser una solución para muchos delitos, desde ese punto de vista ‘aislante’.

Por ello, cuando se ha planteado la reforma del Código Penal introduciendo la eufemísticamente llamada prisión permanente revisable a raíz de la amenaza –cierta, muy cierta- del terrorismo yihadista, la respuesta social ha sido bastante tibia, mucho menor de lo que cabía esperar, y a un nivel incluso inferior a otras normativas capadoras de libertades a las que nos tiene acostumbrados en PP.

Pero lo peor de esta reforma pactada entre el cada vez más descaradamente autoritario partido que gobierna y el cada vez más absurdo partido que sólo puede aspirar a cogobernar es que en esa definición de ‘terrorismo’ se han introducido conductas, que pueden incluso no ser delictivas, pero que aunque lo fueran nada tienen que ver con el terror. Una astuta forma del PP –con la complicidad del PSOE, que nunca se nos olvide- de penalizar cualquier comportamiento que signifique una protesta –y razones las hay, cada día más-, equiparándolo a lo que los españoles sabemos muy bien, por triste experiencia, de definir como terrorismo.

Y es que, el nuevo artículo 573, aprobado ayer por el Congreso y a la espera del absurdo trámite del Senado,  queda redactado así:

1. Se considerará delito de terrorismo la comisión de cualquier delito grave contra la vida o la integridad física, la libertad, la integridad moral, la libertad e indemnidad sexuales, el patrimonio, los recursos naturales o el medio ambiente, la salud pública, de riesgo catastrófico, incendio, contra la Corona, atentado, desórdenes públicos, tenencia, tráfico y depósito de armas, municiones y explosivos, previstos en el presente Código, y el apoderamiento de aeronaves, buques u otros medios de transporte colectivo o de mercancías, cuando se llevara a cabo con cualquiera de las siguientes finalidades:

1.ª Subvertir el orden constitucional, o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas o de las estructuras económicas o sociales del Estado u obligar a los poderes públicos a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo.
2.ª Alterar gravemente la paz pública.
3.ª Desestabilizar gravemente el funcionamiento de una organización internacional.
4.ª Provocar un estado de terror en la población o en una parte de ella

2. Se considerarán igualmente delitos de terrorismo los delitos informáticos tipificados en los artículos 197 bis a 197 ter y 264 a 264 quáter cuando los hechos se cometan con alguna de las finalidades a las que se refiere el apartado anterior.

3. Asimismo tendrán la consideración de delitos de terrorismo los tipificados en este capítulo.

No hace falta ser muy listo para ver que en eso de "obligar a los poderes públicos a realizar un acto o abstenerse de hacerlo" o en lo de "alterar gravemente la paz pública" caben muchas acciones que pasan de ser una forma de protesta social –lo único que nos queda a los ciudadanos- a terrorismo: acciones anti-deshaucios, escraches, ocupar una entidad bancaria, protestas como las de Gamonal o en los aledaños del Congreso… Todo ello lo tenéis explicado de forma más amplia y clara en este enlace.

Más debería preocupar, incluso, los ataques a la libertad de expresión. Y es que divulgar informaciones claramente delictivas como las del caso Blesa o la lista Falciani pasan a ser delitos informáticos y, por ende, susceptibles de ser considerados como terrorismo. También se incluye la cobertura de acciones de protesta como las indicadas en el párrafo anterior o incluso la consulta de webs que organizaciones terroristas –y con lo dicho anteriormente, puede ser considerada alguna plataforma social-. Las redes sociales no se escapan tampoco, en otro cajón de sastre que justifiquen o divulguen los ‘delitos’ anteriores, que hagan determinadas convocatorias de protesta, o simplemente, es un ejemplo, saturar el servidor del Congreso con correos a los diputados. Incluso las críticas a la Corona podrían caber en este apartado.

Todavía hay un punto más: la supresión de garantías ciudadanas, lo que conlleva el espionaje de nuestras comunicaciones sin autorización judicial, o a la detención incomunicada de hasta cinco días.

La democracia ha llegado: ya todos podemos ser terroristas.

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